Las decisiones adoptadas la semana pasada por la bancada del Frente Amplio (FA), que desembocaron en la reducción del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), ameritan una reflexión más allá de los reveses, las declaraciones cruzadas, las sumas y restas, los mensajes autocomplacientes y los “acuerdos”.
La problemática del cuidado y quién lo ejerce (para sí o para otros) forma parte de la nueva agenda de derechos en América Latina, pero su vulneración e invisibilidad se remontan al proceso fundacional de la sociedad capitalista y revelan las condiciones estructurales que la hicieron posible, que alimentan su continuidad.
Desentrañar esa dimensión e incorporarla en las agendas políticas de las izquierdas latinoamericanas no ha sido fácil; sin embargo, en los últimos años se han dado pasos importantes para extender al ámbito de las responsabilidades estatales cuestiones que hasta hace poco parecían “cosa de mujeres”, es decir, de responsabilidad exclusiva de la familias mediante el paradigma de la división sexual del trabajo.
En la región, las políticas públicas que apuntan a revertir situaciones de desigualdad estructural han apostado a mecanismos dirigidos a modificar las relaciones de género que estructuran el mundo del trabajo. Visibilizar la función del trabajo reproductivo como condición material y sustento para la existencia del trabajo productivo ha sido uno de los principales desafíos para que los gobiernos entiendan que proteger el derecho al cuidado vale la pena.
En los últimos diez años en Uruguay el tema ha estado presente. Ha sido uno de los primeros países latinoamericanos en colocar a los cuidados como un elemento constitutivo de su matriz social y en manifestar sin titubeos la voluntad política de desarrollar un sistema integrado que apunte a la universalidad y a la perspectiva de derechos humanos. Esto ha permitido seguir alimentando en el imaginario latinoamericano “la excepcionalidad uruguaya”.
Obviamente, para que la protección de derechos no caiga en el saco roto de la demagogia no sólo se precisan leyes y buenas intenciones. Para que su ejercicio sea tangible se necesitan mecanismos de garantía que los hagan posibles: principalmente plata y diseños institucionales y de gestión óptimos.
Los derechos sociales han tenido dificultades para escapar de una perspectiva asistencial, del membrete de “programáticos” y “no exigibles”. En este sentido, en Uruguay el reconocimiento del derecho al cuidado y la creación de una política pública y un marco normativo que lo hagan posible es representativo.
Por más que ha sido un tema incorporado con fuerza en la agenda política del FA y en los discursos de sus principales dirigentes, su implementación, en el período anterior y en éste, ha transitado un sinuoso recorrido que ha imposibilitado su concreción. Como lo han dicho diversos actores, no es la primera vez que se pospone la asignación de recursos al SNIC. En el quinquenio pasado los recursos “prometidos” no se asignaron y se priorizaron otros temas, como la seguridad pública. Esta vez la reasignación fue justificada por la necesidad de más recursos para la educación, pero también se escucharon voces contrarias a tocar “aun más” las arcas del Ministerio de Defensa Nacional.
Si bien desde agosto de este año contamos con una prometedora media sanción -aprobada por unanimidad- de la ley que crea el SNIC -en la que se establece “el reconocimiento de derechos sociales por parte del Estado y el principio de corresponsabilidad en relación al cuidado […] supone partir de la idea de que las personas son sujetos de derechos y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su realización efectiva”-, no parece existir dentro del FA ni de otras fuerzas políticas claridad sobre lo que dicha responsabilidad implica. Todavía prevalece una visión conservadora sobre la incorporación de la corresponsabilidad en tanto eje rector de la política y las formas en que se articula entre el Estado, la comunidad, el mercado y la familia. Desmercantilizar y desfamilizar el cuidado es la apuesta más importante en el proceso de su reconocimiento en tanto derecho. Apelar a mayores grados de autonomía mediante el ejercicio de derechos no es lo mismo que incentivar la “desintegración familiar”, como señaló el diputado Gerardo Amarilla (http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/10/lo-que-no-tiene-precio/).
Hay una profunda incomprensión del potencial emancipatorio del reconocimiento y garantía ($) de un derecho que es precondición indispensable para ejercer otros derechos básicos. Precisamente muchos de los jóvenes a los que llaman ni-ni, casi siempre ellas, son frágiles eslabones que abandonan la escuela porque sostienen el cuidado de familiares con algún tipo de dependencia. Para no naufragar, los rubros de financiamiento e institucionalidad del SNIC deben tener anclajes fuertes. El presupuesto y el marco normativo que se aprueben en el Parlamento en los próximos días serán definitorios del rumbo de esta ambiciosa política pública.
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